Destituido Juez Luis Arias |
stekelberg@gmail.com
"Contratapa", columna de opinión emitida en "Hipótesis" el sábado 18 de Agosto de 2018.
Hasta el 15 de agosto, el juez Luis Arias era titular del
Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata. Pero un jury de
enjuiciamiento, lo destituyó. ¿Porqué? ¿Qué hizo? ¿De qué se lo acusó?
El titulo de Página 12 del 16 de agosto, por demás de
elocuente, reza: “Para disciplinar la justicia” y en la bajada leemos: “La
mayoría del jurado, que incluyó a tres legisladores oficialistas, consideró que
Arias cometió delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes y abuso de
autoridad”
La Asociación Judicial Bonaerense repudió la
destitución a través de un texto medular, del que leemos un parrafito: “Indudablemente,
que Arias haya impedido con sus resoluciones descuentos por días de paro
aplicados a trabajadore/as estatales, que haya obligado al Estado empleador a
llevar adelante negociaciones colectivas en el ámbito del empleo público, haber
investigado y denunciado el número real de víctimas de la inundación que azotó a
la ciudad de La Plata durante el 2013, que haya suspendido desalojos colectivos
en Gorina y Abasto o impedido la implementación automática de tarifazos en
servicios públicos, le valieron este jury de enjuiciamiento que finalmente lo
destituyó de su cargo. Las decisiones judiciales que fue adoptando Arias dejan
en claro qué derechos privilegió defender el juez, como así también quiénes son
los beneficiados con su destitución”
Hasta aquí la presentación, digámosle, del tema de
esta contra de hoy. Lo que sigue, esta contra entiende, es un escrito de alto
vuelo político y poético. Por eso hemos decidido hacerlo nuestro. Se trata del
artículo escrito por el ex juez Carlos Alberto Rozanski a propósito de la
destitución de Arias. Póngale la oreja. Es un texto magnífico. El título: “Yo
no soy Luis Arias”
“Un conocido poema atribuido a Bertolt Brecht refleja
la indiferencia de quien, ante la persecución nazi de judíos, comunistas,
obreros, intelectuales y sacerdotes, nada dijo porque no pertenecía a ninguno
de los grupos aludidos. Cuando finalmente, vinieron por él, ya era tarde. Esta
importante referencia suele recordarse en momentos dramáticos como el que vive
nuestro país. La brutal corporación gobernante, desde su primer día en el
poder, persiguió distintos colectivos.
Definió a los miembros de la comunidad mapuche como
violentos e incluso armados con pistolas y lanzas. Los demonizó y los atacó en
una perversa empresa en la que desapareció Santiago Maldonado y luego apareció
muerto, asesinando de un balazo en la espalda a Rafael Nahuel y encerrando a
Jones Huala. Simultáneamente, elogiando, felicitando y prometiéndole
públicamente protección legal a Luis Chocobar, quien días antes había asesinado
por la espalda al desarmado Pablo Kukoc. Mensaje perverso que motivó luego,
entre otras muertes, la ejecución mediante un balazo en la nuca del niño
Facundo Ferreyra en Tucumán y por esos tiempos, encarcelando decenas de
opositores en una ilegal cacería nunca vista en lo que se suele llamar
democracia.
Hace horas, coronando una persecución brutal a un juez
del pueblo, Luis Federico Arias, la corporación, siempre atenta, lo destituyó
sin vergüenza ni pudor alguno. Es que, quienes resultan sicarios y socios a la
vez de un sistema de persecución corrupto, que defiende intereses de clase de
inequívoco contenido económico, no tienen ni vergüenza ni pudor. Tampoco tienen
remordimiento ante las bestialidades que cometen, ya que su desprecio por el
tejido vivo es condición del espacio social que ocupan y del rol de saqueadores
que los caracteriza. Y ante ese plan siniestro de transferencia de recursos de
pobres a ricos pierden siempre las víctimas, así como todo aquel que interfiera
con la devastación en marcha.
Arias es un claro ejemplo de esa interferencia. Si
bien los buenos jueces contencioso administrativos (y de otros fueros) siempre
fueron molestos para los poderosos, en el caso de gobiernos autoritarios como
el actual, esa molestia se torna insoportable y comienza su persecución. Y la
persecución se vuelve escarnio. Y el escarnio, en sutil – o no tanto –
disciplinamiento de cualquier jueza o juez que piense siquiera en administrar
justicia como mandan nuestras leyes más elevadas.
Quien dicte sentencias acordes a las Convenciones
sobre Derechos Humanos que enaltecen nuestro sistema jurídico, lo pagará caro.
Es que, el sistema de protección diseñado en el art. 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional, es incompatible con el aludido saqueo de transferencia.
No es posible vaciar el país y al mismo tiempo respetar derechos esenciales.
Por eso, las vidas de Sandra Calamano y Ruben Rodríguez no valen un centavo
para la gobernadora Vidal.
Los numerosos reclamos previos a sus muertes, que en
un contexto de vigencia jurídica, harían pagar con la cárcel a quienes los
desoyeron, comenzando por la gobernadora –homicidio por dolo eventual -, valen
menos que el centavo aludido. ¿Y entonces, cómo sorprenderse ante la
destitución de un juez del pueblo? Pero, cuidado, que no sorprenderse no significa
que no deba tomarse debida nota de tanto crimen, tanta injusticia y tanto
dolor. Porque el día que logremos una justicia independiente y verdaderamente
democrática cada criminal de Estado recibirá su factura. El carcelero se la
acercará a su celda para que firme el recibo. El importe de esa factura lo irán
pagando con los años de prisión proporcionales al dolor que están causando y a
los delitos cometidos.
Y en ese instante, decir ‘yo no soy Luis Arias’, no
les va a ser de ninguna utilidad. Porque cuando un régimen como el actual
destituye a un juez honesto, es por dos poderosas razones. La primera, para
reemplazarlo por uno corrupto. La segunda, para disciplinar a los indecisos. Y
a la hora de la justicia, la factura llevará el nombre tanto de los verdugos
como de los magistrados corporativos que hoy miran para otro lado, violando sus
deberes y callando ante las atrocidades que cada día padecen los más
vulnerables”
Carlos Alberto Rozanski el ex juez, que en febrero último
pidió el juicio político a Mauricio Macri, fue quien se encargó desde el
Tribunal Oral Federal n°1, de enviar a prisión a los torturadores Miguel
Etchecolatz y Christian Von Wernich.