Por Eduardo Aliverti
eduardoaliverti@fibertel.com.ar
El enorme conflicto docente en la provincia de Buenos Aires –que no
cambia en absoluto por la orden judicial de levantar el paro– ejerce un
influjo y proyección que exceden a ese territorio. Merece estimarse cual
viga estructural. Renueva la necesidad de debate, y decisiones
profundas, sobre las preferencias y posibilidades de un modelo nacional
que se presenta como la más alta chance de repartir mejor la riqueza. De
apostar –o no– a vías de desarrollo asentadas en algunos ejes
innegociables.
Columna de Opinión sobre Política Nacional, emitida en "Hipótesis" el lunes 24 de marzo de 2014.
El problema en “la provincia” está bien por encima de casi todos los
que fueron resaltados en la agenda publicada. Puede salvarse la marcha
de la inflación, porque atañe a cómo le va al Gobierno con los
formadores de precios. Pero del resto, ni Cristina con el Papa; ni Macri
fotografiándose en Wall Street; ni Moyano y Barrionuevo lanzando un
paro nacional al que ni siquiera se animaron a ponerle fecha; ni los
dimes y diretes del acuerdo con Irán por la causa AMIA; ni la reunión de
los gobernadores peronistas; ni los casos de los jueces Bonadio y
Oyarbide; ni (ay) las batallas de egos por las asistencias y ausencias
al Salón del Libro de París, llegan al canto de la uña de lo implicado
por el mayor distrito del país sin haber empezado las clases en las
escuelas públicas. Mucho antes que tratarse de proporciones geográficas,
peso económico, especulaciones electorales, la huelga estatal de
maestros y profesores bonaerenses lleva –debería llevar– a que nos
sinceremos de qué se discute cuando lo hacemos sobre educación; o, más
largo, a qué es lo que verdaderamente les importa a quiénes. Una primera
observación es que, excepto San Luis, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del
Estero, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las
jurisdicciones están con paros y conflictos docentes. Los impactos son
diversos, pero no sólo por la incidencia de los gremios involucrados
sino, y sobre todo, por la trascendencia mediática. En Chubut, las
clases tampoco empezaron. ¿Los niños y adolescentes de la educación
estatal de Chubut son menos importantes que los de la provincia de
Buenos Aires? La dimensión numérica condiciona la repercusión mediática.
Que cada quien se reconozca. Si no fuera por la provincia de Buenos
Aires (alrededor de cuatro millones de estudiantes primarios y
secundarios, que están arriba del 40 por ciento del alumnado de todo el
país), ¿cuántos irritados de las redes sociales, de los provocadores
telefónicos en las radios, de las figuras periodísticas, se indignarían
por los pibes tomados de “rehenes” en las huelgas docentes? ¿Cuántos de
ellos se preguntarían acerca de la problemática educativa en general, si
no fuese por los inconvenientes suscitados a la gente bonaerense que
les queda cerca? Pero así funciona; aquí y en todas partes, hoy y
siempre. El centro irradia hacia la periferia. Nunca al revés.
Un segundo desafío, que interpela constantemente, es dejar de lado
el cualunquismo analítico. Tanto como no resiste juzgar “la inseguridad”
con el reclamo de que maten a todos o de que endurezcan las leyes, no
es sensato, ni antes, ni ahora, ni jamás, insistir con argumentos
facilistas frente a asuntos como la educación, que le rompen la cabeza
al más pintado. La nómina de tonterías generales sale de corrido: los
docentes tienen tres meses de vacaciones; se pasan de licencia en
licencia y de suplencia en suplencia; escriben con horrores de
ortografía y encima quieren aumento; no se capacitan, y a lo sumo
asisten a cursos de perfeccionamiento que son transas de los sindicatos
para sumar puntos burocráticos al CV; su ruta. Debiera ser curioso que
quienes reducen la labor docente a esos exabruptos –sin duda existentes,
y agraviantes– no trasladen la misma condena a ciertas gentes a quienes
votan, para cargos ejecutivos y parlamentarios desde los que son
incapaces de construir una oración con sujeto, verbo y predicado; o
algún texto, oral o escrito, que supere el rango de composición tema “La
vaca”. No citemos nombres propios. No hace falta, se supone.
En tercer lugar, sobresale esa recurrencia a hablar de los pibes
como rehenes de la ¿extorsión? de los gremios docentes. Es una
sobresaliencia que no se percibió con el mismo vigor cuando, en
diciembre pasado, las policías provinciales dejaron a sus distritos en
situación de tierra de nadie. Resultó, entonces, que se habló de los
salarios flacos de las fuerzas de seguridad, con un ahínco que no se
nota a propósito de lo que cobran los docentes. ¿Será que “la seguridad”
es ubicada un escalón, o varios, arriba de la educación? ¿Que no se
encuentra relación entre una cosa y la otra? También se dice que lo
prolongado del conflicto docente beneficia a Scioli porque, del mismo
modo en que hubo de encontrársele una salida urgente a la presión
policíaca, no hay huelga de maestros que aguante por tiempo
indeterminado. La diferencia es que sin policía no hay sostén más de
unas horas, y sin clases se sostiene bastante más. No mucho. Es
incontrastable que una huelga docente por tiempo indeterminado está
condenada al fracaso, como método de lucha. Desde allí se colige que,
incluso, el emperramiento de los gremios bonaerenses beneficia al
gobernador, porque lo victimiza. Pero al cabo de conjeturas como ésas,
que se potencian al haberse desatado quién sucede a Cristina en la ancha
avenida peronista, ¿es ésta la manera de discutir educación pública? Y
visto desde la percepción popular, desde la mesa cotidiana, desde una
introspección que no ponga las responsabilidades invariable y
exclusivamente en las dirigencias, que se centre además en las de los
actores sociales que somos, ¿estamos discutiendo educación o estamos
viendo a la escuela como el depósito donde recluir a los pibes para que
la otredad se haga cargo sin que importe cómo? Hablamos de educación
pública, claro. Estatal. El debate sobre la privada circula por otro
carril, en el que también sería positivo discernir cuánto importa qué y
cómo se enseña aunque, por lo pronto, ahí no hay paros docentes.
Igualmente, alrededor del 70 por ciento del alumnado argentino concurre a
escuelas de gestión estatal. El peso mayor de la discusión, entonces,
pasa por allí.
Hay una distorsión que complica cualquier análisis. Gracias al
menemato, en rango primordial, la Nación, el gobierno central, tiene en
lo educativo –y en el área de Salud– una función que en el mejor de los
casos es orientativa. Lo demás consiste en un federalismo que es tan
cerrado en su aplicación como enroscado en su practicidad. Si de por sí
es dificultoso saber a ciencia cierta cuánto gana como promedio un
docente, considerado el país como marco general y siendo que intervienen
factores propios de cada distrito que, a la par, son disímiles entre
sí, más complejo todavía es descifrar el galimatías de componentes
salariales. Pero al fin y al cabo, entrándole del derecho o del revés,
se concluirá en que maestros y profesores no son precisamente el sector
mejor pago de la administración pública. Y eso conduce, leyes vigentes
aparte, a la discusión de si lo educativo es o no una prioridad
auténtica del gobierno nacional; y a si se toma o no al aspecto salarial
como una cuestión determinante. Situar al carro donde se debe sería que
se les paga a los docentes en orden primordial, en monto, tiempo y
forma, con el Estado capacitándolos como corresponde en vez de
tercerizar la capacitación; en vez de llamar a la paritaria nacional
siempre tarde, tardísimo; en vez de ampararse en que los
chiquicientosmil gremios y facciones de los educadores chantajean al
Gobierno, más el argumento de que las bases, en las asambleas, vienen
siendo trosqueadas por los grupos sólo interesados en pudrir a como sea.
Es este mismo gobierno el que priorizó la inversión en ciencia y
tecnología, repatriando más de mil científicos, varios o muchos de
élite, brindando signos de que es por ahí donde están presente y futuro.
Falta una decisión similar en el plano de los maestros de grado, de los
profesores efectivos; una orientación general, un llamado a dejarse de
joder que tenga contraparte salarial irrefutable. A quiénes se les
extrae renta para concretar eso es, también, otra discusión. O una más. O
la clave. En el caso bonaerense en particular, la gobernación debe
hacerse cargo, por ejemplo y nada menos, de que en 2012 los patrones de
estancia le torcieron el brazo cuando se intentó un revalúo inmobiliario
rural. Como lo señala Héctor Valle, uno de los mentores del Plan Fénix,
no hay otras opciones que estas dos: se toma deuda –cosa que el
gobierno provincial ya hizo, y en dólares– o se avanza muy firmemente en
la progresividad del sistema tributario. Pero no debería estar en duda
la prioridad de lo educativo. Según los números integrales, eso está
satisfecho. Jamás fue más alto el presupuesto en Educación; jamás se dio
mejor cumplimiento a los parámetros internacionales requeridos; jamás,
en términos de la macroeconomía, se les otorgó a los docentes mejor
salario. Pero pasa que esos números, por más que el Gobierno demuestre
la curva ascendente del 300 y pico por ciento, desde 2003, en el salario
nominal de los docentes, no se condicen con para cuánto les alcanza en
el bolsillo de acuerdo con responsabilidades, y trabajo concreto, que
son mayores a los de otros empleados públicos. Ampliamente mayores.
Profesionales y trabajadores de la Salud, junto con las fuerzas de
control del “orden público”, son los únicos que pueden equipararse a la
carga social que tienen los docentes. Un maestro es prioridad, y
sanseacabó. Con la policía se arregló casi de inmediato, vale insistir,
sin que importara el costo fiscal.
Y finalmente, pasa que hay un ruido cuya administración política e
ideológica es ¿muy difícil? de procesar. Los docentes ganarán poco, o
insuficiente, y está bien que reclamen aunque pueda o deba ponerse en
duda el graderío con que lo hacen. El pequeño detalle es a quién irán a
reclamarle, con cuáles probabilidades de satisfacción, si se termina
este experimento que tiene tanto de desprolijo como de progre. La
pregunta no vale sólo para los docentes de la provincia de Buenos Aires,
por supuesto.